Estimados:

Por cierto que este documento tiene también como objetivo defender nuestra legítima actividad comercial como establecimiento farmacéutico, llamense estos, farmacias, droguerías, depósitos de productos farmacéuticos, laboratorios pequeños, etc. Sin embargo, lo que a continuación declaro, busca efectivamente cuidar la salud de millones de chilenos que padecen alguna enfermedad y que están imposibilitados de acceder a sus medicinas por el elevado costo de estas.
Para graficar la situación debo efectuar, en la forma más breve posible un resumen de anteriores documentos que hemos escrito.

1) Papel de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) como agente regulador del mercado.
La venta por parte de Cenabast debiese efectuarse a todas las farmacias del país, sin distinción alguna y sin fijación de precios por parte del Estado. Para que esto se lleve a cabo de buena forma, es necesario que primero el Estado mejore al 100% el funcionamiento de Cenabast, la cual hoy no está acondicionada para ser un buen distribuidor, debido a las graves falencias de que adolece, mencionaré solo algunas:

a) No posee bodegas habilitadas que puedan almacenar los miles de medicamentos que se adquieren.
b) Muy mala y casi nula logística de distribución, Cenabast hoy solo licita y luego traspasa la responsabilidad de los despachos a los proveedores.
c) Cenabast no solo traspasa la distribución a los proveedores, sino que también la cobranza directa de estos a los hospitales y municipios, generando con ello que para quienes distribuyen, muchas veces sus facturaciones pasen a ser incobrables o pagadas en plazos de hasta más de 12 meses, un estudio reciente señala que varios hospitales y municipios adeudan facturas por más de tres años.
d) Cenabast posee bases irregulares, beneficiosas para algunas empresas farmacéuticas, especialmente multinacionales extranjeras. Resulta lamentable que empresas pequeñas y medianas deban litigar contra el Consejo de Defensa del Estado, el cual en estos días se vanagloria de haber obtenido para el Estado un 93% de “recuperación por juicios contra el Estado”.

¿Me pregunto?, ¿Es legítimo que el Consejo de Defensa del Estado, con toda su excelencia de abogados, defienda hasta el final los malos procedimientos del Estado, en contra de los chilenos, a los cuales debe el Estado defender y proteger?. ¿Habrán analizado cuánto dinero el Estado paga demás por compras efectuadas a
través de bases irregulares?.
Esta situación de bases acomodadas, es efectuada por gran cantidad de instituciones hospitalarias de nuestro país, ello ha sido investigado y publicado por la propia Fiscalía Nacional Económica.
Otra fórmula de perjudicar al Estado, es la compra de pequeños volumenes de medicamentos, en forma directa a los proveedores escogidos, la gran pérdida económica se produce porque a través de esta vía, el Estado y sus hospitales efectúan miles de compras anuales a sobreprecios.
De solucionar el Estado las deficiencias de Cenabast, ahorraría, en primer lugar muchos recursos económicos por la vía de la total transparencia en sus licitaciones, obteniendo con absoluta seguridad mejores precios de compra. Las farmacias en todo el país obtendrían precios bajos. De este modo todos los enfermos podrían obtener con seguridad descuentos, desde un 50% a un 80% de los precios existentes a público, en las cadenas de farmacias (que son hoy, quienes junto a los laboratorios establecen los precios abusivos que pagamos los enfermos, me incluyo porque soy diabético, hipertenso y tengo además una neuropatía diabética).

2) Decreto 79/2010: Este decreto proteccionista, que regula lo referente al funcionamiento y elaboración de medicamentos en el recetario magistral, ha sido elaborado entre cuatro paredes, por funcionarios del Instituto de Salud Pública y los laboratorios farmacéuticos, especialmente los extranjeros pertenecientes a la CIF, (Adjunto documento probatorio que hemos obtenido desde la propia página web del ISP) y el cual han posteriormente retirado de su página. Por la vía del recetario magistral se podrían elaborar cientos de medicamentos, a costos varias veces menores de aquellos registrados y comercializados por los laboratorios, sin embargo lamentablemente el decreto en cuestión prohibe elaborar las mismas dosis que aquellas registradas y comercializadas por los laboratorios de producción masiva, incluso aunque estos laboratorios no los estén comercializando en el país, basta que estén registrados para que sea prohibida su elaboración. (resulta un absurdo, ya que bajo esta premisa un medicamento de recetario magistral no puede elaborarse si tiene su simil registrado, pero si puede elaborarse en dosis diferente, en palabras sencillas podemos colegir que sólo sirve un preparado magistral en la medida que no compita con un producto registrado, saque ud su conclusión!!!)
El decreto 79/2010 además establece que un preparado, que incluya excipientes (prácticamente todos) solo tiene 40 días de vida útil. Para esta conclusión no existe ningún respaldo técnico/científico, así la validez de un preparado magistral en otros países es muy superior, en U.S.A. se dá seis meses y en España un año o más.
Otra forma de inhibir el recetario magistral, es a mi juicio la obligación de cursos y exámenes para los auxiliares de farmacia. El último examen tomado por el Ministerio de Salud ocurrió hace casi un año atrás y se obliga hoy a efectuar cursos en institutos privados por tres años. Existe por tanto una gran falta de auxiliares de farmacia habilitados para trabajar en recetarios magistrales.
Por último, el Instituto de Salud Pública a través de Anamed está constantemente fiscalizando los recetarios, e imponiendo para estos condiciones de funcionamiento y normas dignas, por costos solo de Alemania, Japón, U.S.A. etc. Sin embargo, no nos permiten ayudar a los enfermos con la preparación de las mismas dosis registradas en Chile. Podemos demostrar, que gran cantidad de medicamentos esenciales para salvar o prolongar la vida son factibles de realizar como preparados magistrales, con costos diez o más veces menores a los existentes en plaza.
Debemos indicar que nuestra autoridad no cumple las normas basicas establecidas por la OMS, la que señala que los temas de salud, los paises deben tratarlos de acuerdo a su propia realidad, claramente no es lo que se hace en Chile.
Cito dos ejemplos:
1) Bosentan, de uso en hipertensión pulmonar y esclerosis sistémica: Se podría elaborar en las dosis de 62,5 o 125 mg. con un costo no superior a $300.000. Hoy en Chile su costo supera en algunos casos los tres millones de pesos por tratamiento mensual.
2) Imatinib 100 – 400 mg., de uso en el cáncer: es factible de elaborar en Recetario Magistral por menos de $300.000. Hoy su costo en Chile supera los dos millones de pesos por tratamiento mensual.
Otro ejemplo
Nuestra farmacia elabora en plaza el medicamento huérfano Ácido Quenodesoxicólico 250 mg x 100 cápsulas, se utiliza en la patología denominada Xantomatosis Cerebrotendinosa, nuestro precio de venta como preparado magistral es de alrededor de $150.000 por envase con 100 cápsulas, de momento atendemos a diez enfermos, de estar registrado en Chile por la empresa norteamericana que posee la licencia, no se nos permitiría elaborar la dosis de 250 mg. o cualquier otra registrada, el precio de este medicamento en U.S.A. es de alrededor de $2.800.000 por envase con 100 cápsulas y nuestros enfermos debiesen entonces asumir este valor.
Cabe destacar que con el uso de este medicamento, nuestros clientes se encuentran con sus tratamientos médicos absolutamente controlados.-
3) Multas desproporcionadas y cierre de farmacias: Cuando el Minsal a través de Anamed impone multas sin criterio, más parece estar enriqueciendo al Estado, que buscando una solución a las faltas cometidas por las farmacias. Anamed conoce perfectamente que una multa de más de cinco millones de pesos y hasta ochenta millones, como ha sido en muchos casos, significa la ruina de su propietario, a no ser que esta sea de cadenas farmacéuticas, quienes poseen el 90% de las ventas, y utilidades que en promedio deben superar el 50% de estas ventas.
No es de justicia, aplicar las mismas sanciones económicas a farmacias pequeñas, en que muchas de ellas, con suerte venden diariamente trescientos mil pesos y con márgenes de rentabilidad no comparables a las de cadenas. De ninguna forma soy partidario de que las farmacias funcionen sin farmacéutico responsable, lo que si pienso es que Anamed o la Seremi de Salud deben tener cierta flexibilidad y que no causen un mal mayor, cuando en forma inmediata bajan la cortina a las farmacias.
Conocemos de varios casos, en que habiendose solucionado la falta de farmacéutico, Anamed demora semanas en autorizar la reapertura del local de farmacia, esto debiese ser casi automático, justamente con el fin de proteger a los enfermos del área en que se ubica la farmacia.
A quien se castiga además de la farmacia cuando esta se cierra, es a los enfermos, especialmente de barrios o comunas modestas, donde por lo general no llegan las poderosas farmacias de cadenas, donde además las pequeñas farmacias y sus funcionarios arriesgan a diario su integridad física por los asaltos y robos.

4) Decreto 03/2010: Este decreto regula principalmente lo referente al registro sanitario para medicamentos en el país, así como la bioequivalencia, bioexención, normativas que deben cumplir los
laboratorios, droguerías, depósitos de productos farmacéuticos y almacenes farmacéuticos. A mi juicio el decreto publicado inicialmente no es tan complicado , salvo por algunos
detalles.

Los verdaderos problemas y trabas han venido después, con una gran cantidad de resoluciones emitidas por el Instituto de Salud Pública, estas traban y en muchos casos impiden la llegada al país de mayor competencia. En cuanto a la bioequivalencia y bioexención cuyo objetivo es “Cuidar la calidad de los medicamentos”, no basta solo con esto, es necesario implementar medidas que permitan el acceso de los medicamentos para todos los enfermos de nuestro país. En tanto esto no se consiga, no se pueden hacer exigencias desmedidas y no de acuerdo a nuestra realidad económica. Estas exigencias desmedidas finalmente condenan a muerte a miles de enfermos chilenos.
La propia Organización Mundial de la Salud sugiere que los paises deben actuar en salud de acuerdo a su propia realidad, las autoridades sanitarias chilenas piensan al parecer que somos un país muy rico, talvéz al nivel de U.S.A., Japón, comunidad europea etc. Creo que las autoridades sanitarias no cuentan con pruebas concluyentes en cuanto que al exigir Bioequivalencia, la situación sea mejor a la que existía antes de esta exigencia. Por el contrario, quienes no somos partidarios de la bioequivalencia a la chilena, podemos probar que se ha generado gran cantidad de faltas en medicamentos esenciales, que muchos medicamentos han sido retirados del mercado por no poder cumplir con este requisito, que muchos otros debiesen haber salido del mercado este fin de año, pero el Minsal ha prorrogado el plazo para que cumplan.

Finalmente, como guinda de la torta los precios en los últimos años han aumentando hasta en un 30 y 40%:  En nuestro país los laboratorios que efectúan bioequivalencia Se han subido, como se
dice en buen chileno, por el chorro y cobran hasta cien millones de pesos por efectuarla, ello sin considerar otra serie de costos anexos que debe financiar el interesado. Nuestro Ministerio de Salud, no valida las bioequivalencias efectuadas en cientos de paises del mundo, con igual e incluso mejores estandares, reconocidos en todo el mundo para su producción farmacéutica.
Para obtener por ejemplo, la validación de un laboratorio de Corea, Tailandia, India, China, Malásia etc. es necesario hoy que una delegación del ISP viaje a validarlos. Muchas empresas medianas o pequeñas en Chile no están en condiciones de financiar estos costos.
Personalmente pienso que estas trabas, buscan impedir que llegue mayor competencia contra los laboratorios, agrupados en la CIF, así como también para los ex nacionales y por cierto para algunos de los pocos nacionales que están quedando. Así todos se benefician, menos los pequeños o medianos importadores que desean registrar nuevos medicamentos más baratos en el país y por cierto los más grandes afectados serán los enfermos que deberían seguir pagando precios prohibitivos por sus medicamentos y en miles de casos definitivamente no podrán acceder a estos, debido al elevado valor.
5) Importación de medicamentos vía receta médica (Arts. 24 – 95 y 96 del decreto03/2010: Es de público conocimiento que los precios de los medicamentos en Chile son extremadamente elevados, respecto a los de otros paises, especialmente aquellos medicamentos de uso permanente, de marca o monopólicos. Existen a lo menos 500 productos con precios que duplican y mucho más sus precios en Chile, respecto a paises como Argentina, Europa, China, India etc. Legalmente es posible importar desde Chile medicamentos por receta médica para uso personal.

a) Nuestra propuesta sería que esta labor se desarrolle exclusivamente a través de las farmacias, únicos establecimientos que pueden dispensar a través de su químico farmacéutico medicamentos. Hoy en día Anamed autoriza la importación y dispensación de medicamentos por receta a oficinas privadas, sin autorización sanitaria de funcionamiento, y sin Q.F. responsable, como es el caso de Alcamed y Sierra Farma.
Solicitamos que esta actividad, vital, para miles de enfermos en Chile no sea prohibida como parece pretenderlo el Instituto de Salud Pública, en el cual algunos funcionarios de Anamed, obstaculizan y demoran en exceso las autorizaciones para el desaduanamiento y uso de los medicamentos, llegando en algunos casos a demorar 15 o más días.

La importación de sus medicamentos desde el extranjero es un derecho al que todos los chilenos pueden y deben acceder, con las máximas facilidades de los funcionarios de Anamed, quienes además deben recordar que su labor debe estar al servicio de los enfermos chilenos y no destinar como parece, su trabajo a la protección de los intereses de los laboratorios, de los cuales un buen porcentaje de ellos lucra en exceso con sus medicamentos, especialmente las farmacéuticas transnacionales. Cuando los profesionales de Anamed obstaculizan el trámite de las importaciones por receta, no solo perjudican a los enfermos y a las farmacias que importan, sino que además, indirectamente estan protegiendo los intereses económicos desmedidos de algunas empresas farmacéuticas.

Reflexiones al margen.
A) Si los medicamentos rebajan sus precios en 50 y hasta un 80%.

Ejemplo
Un medicamento que hoy en cadenas posee un valor de $100.000 por tratamiento mensual, rebajaría su costo para el enfermo a $50.000 o $20.000. En ambos casos hay un importante 19% correspondiente al IVA, que el Estado dejaría de percibir, aúnque por volumen, al existir un mayor acceso por parte de los enfermos, el Estado recuperaría gran parte de lo “perdido”. Mi pregunta es ¿estará el Estado dispuesto a dejar de percibir estos recursos?. En beneficio de los millones de enfermos de este país debiese, a mi juicio hacerlo.

B) A mi parecer, de implementarse estas medidas sus beneficios serían para casi todos, aquellos que comercializamos medicamentos a precios más justos, el
Estado que mejoraría su imagen país, pero principalmente los enfermos. Los únicos, que posiblemente disminuirían sus utilidades son, los laboratorios, (aunque no tengo dudas respecto a que estos buscarán fórmulas que les permitan paliar sus “pérdidas económicas”, a las farmacias de cadena les afectará menos, pues les bastará con aumentar los precios en parte de sus 10.000
items y con ello compensarán las posibles pérdidas que podría producir una rebaja en los precios de 1.000 medicamentos y otros alimentos de uso médico o insumos como, gasa, algodón etc. adquiridos por las farmacias a Cenabast.

Que Dios ilumine a nuestros legisladores, para que finalmente piensen más en los enfermos, que en intereses ajenos o egoistas.

Atentamente,
Daniel Zapata Z.